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La Abogada Graciela Catalina Cal Villar, miembro de este Despacho, CAL Y FOCIÑOS ABOGADOS, fue candidata a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española en el proceso de elección que tuvo lugar el pasado 28 de junio. Dicha candidatura fue simbólica, al igual que la presentada por otros once Abogados de Vigo, ya que contamos con un sistema arcaico y decimonónico, en el que únicamente votan los Decanos de los Colegios de Abogados y estos lo hacen entre sí; como era de esperar, eligieron a uno de ellos: el de Málaga.

La candidatura presentada pretendía llamar la atención del colectivo de abogados y de la ciudadanía acerca de la falta de democracia y representatividad del sistema, sobre todo en tiempos en los que un grupo mayoritario de Abogados consideran que sus Colegios no les representan e incluso se plantean su innecesariedad y, en consecuencia, desaparición; o, en su caso, la urgencia de que se produzca un cambio total del funcionamiento de los mismos. En definitiva, queríamos remarcar que urge modificar los sistemas de acceso a los puestos de representación de la Abogacía, que debieran pasar porque los Abogados votemos y podamos elegir libremente a quien defienda nuestros intereses con independencia y conocimiento de nuestra realidad; en este caso, al Presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Un gran número de compañeros del colectivo de Abogados consideramos que quienes ahora ocupan esos cargos forman parte de una reducto institucionalizado, alejado de la realidad y que permanece de espaldas a las auténticas necesidades del sector; e inclusive enfrentado a las posiciones de los ejercemos esta profesión (v. gr. Decanos que actúan con la prerrogativa de un voto “protector” en las Asambleas de la Mutualidad y que votan en sentido contrario a los representantes elegidos por la mayoría de los colegiados mutualistas alternativos, quienes sí votan conforme al mandato de sus compañeros).

Desde CAL Y FOCIÑOS ABOGADOS apoyamos las reivindicaciones que desde la primavera de 2023 se vienen efectuando con diversas actuaciones para lograr una pasarela al RETA que nos permita dejar la Mutualidad de la Abogacía, a la que venimos realizando nuestras aportaciones como sistema alternativo al Régimen de Autónomos (incluso con la recomendación y publicidad de los Colegios de Abogados) y que, no obstante, no cumple su función, toda vez que la media de las pensiones de jubilación de los Abogados ronda los 400-500 euros; importe que, alejado de las cantidades que en su día nos planteaban, después de toda una vida de trabajo y de contribuir puntualmente, no permite un retiro y vejez en condiciones económicas dignas. Junto con otros grupos y plataformas, una de las asociaciones que defiende esta pasarela al RETA es ANAMA (Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía), cuyas iniciativas respaldamos, incluso la Letrada Graciela Cal Villar forma parte de la Junta Directiva de dicha Asociación, creada exclusivamente con tal fin.

Asimismo, estamos secundando la huelga nacional del Turno de Oficio convocada por el sindicato Venia y que se mantiene desde el mes de noviembre, en defensa de las demandas de los Abogados y Procuradores que prestan este servicio en el siglo XXI en situación que asemeja la esclavitud, con unas retribuciones míseras, sin un estatuto profesional ni cotizaciones, indefensos ante situaciones de abuso y enfrentándonos solos a diversos comportamientos que nos generan los mismos problemas a los que se enfrentan profesionales de otros sectores (faltas de respeto, agresiones, etc.); sintiéndonos absolutamente desprotegidos y olvidados por nuestros propios Colegios de Abogados, por las Instituciones y por los Ejecutivos nacionales y de las CCAA que nos han venido gobernando, que si bien utilizan como propaganda política y en su propio interés el buen funcionamiento y la extensión del servicio a cada vez más ciudadanos (e inclusive personas jurídicas), ocultan que ello es posible gracias a la profesionalidad y valores de los Abogados y Procuradores, quienes lo sostienen, inclusive a costa de su empobrecimiento y merma de sus condiciones laborales y personales.

La sociedad debe conocer cuál es nuestra realidad, seguramente muy alejada de la imagen idealizada de la profesión que se ha creado el ciudadano; puesto que siendo consciente de la misma, con seguridad defenderá y respaldará las reivindicaciones de un colectivo que hasta hace poco guardaba silencio sobre sus precarias e injustas condiciones de trabajo pero que ha despertado y ya no callará hasta que sea escuchado. Los poderes del Estado, al igual que atendieron las reclamas de Jueces, LAJS, funcionarios, etc., cuyas huelgas paralizaron los Juzgados el pasado año, deben dejar de ignorarnos y tomar conciencia de que es imperioso dar respuesta a un colectivo de trabajadores de vital importancia en la sociedad: sin Abogados no hay Justicia. Desde CAL Y FOCIÑOS ABOGADOS seguiremos trabajando como siempre con honestidad y dedicación por y para nuestros Clientes, así como en favor de la dignificación de la Abogacía.